Ley 26.206, Art. 97

“El Ministerio de Educación, el de Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos y los indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones, resguardará la identidad de los alumnos, los docentes y las instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia.”

    Lo que se pretende modificar, en un proyecto presentado por Karina Banfi y José Ricardo, es lo que aparece subrayado en el actual artículo 97 de la Ley de Educación Nacional. Aunque parezca inocuo o sin demasiada importancia, es fundamental comprender el alcance que esta modificación significaría y de qué manera impactaría en la comunidad educativa y en lo que entendemos y defendemos por educación.

    Modificarlo ¿por qué?, porque se pretende que los datos sean difundidos, con la identidad que hasta hoy se resguarda. ¿Por qué se resguarda?, porque se pretende evitar la estigmatización de las personas y de las Instituciones. ¿Estigmatización?, sí, estigmatización, señalamiento; porque a través del conocimiento de los resultados –y de quién provienen- se podrá señalar y etiquetar a los alumnos, docentes y escuelas, como “Reprobadas”, de bajas calificaciones, insuficientes, etc.

    El S.A.Do.P  rechaza esta modificación pretendida, y se basa para ello en una argumentación de tres dimensiones.

    Desde la dimensión jurídica, afirmamos que atenta contra el principio de privacidad. La publicidad de datos sensibles (nombre, DNI, grado, escuela, domicilio, etc.), son datos sensibles que, según la Ley 25.326 (de protección datos personales), deben ser resguardados y cuidados. La publicación de los mismos, claramente viola el principio de mención y lo establecido en la norma –con plena vigencia, por cierto-.

 Desde la dimensión pedagógica, afirmamos que la pretendida modificación, generará competencia –entre quienes deberían ser iguales- y frustración, nuevamente abonando a la estigmatización que la actual redacción se ha encargado puntillosamente de evitar.

   Desde la dimensión política, afirmamos que esta modificación, lejos de solucionar los problemas de la educación de nuestro país, simplemente los desvía, buscando nuevos responsables de los “males” que se tienen. Existe una tendencia, y que se da en determinados momentos de la historia, dependiendo –valga la aclaración- del tipo de gobierno que está dirigiendo los rumbos políticos de una determinada sociedad. Esta tendencia, tiene que ver con la “des-responsabilización” del rol del estado, de esa obligación de de brindar garantías, de esa obligación de brindar seguridades, de esa obligación de responsabilidad del rol que se ejerce, como administrador de un estado determinado.

   Permitir la publicación de información –con la identidad de la misma-, por el sólo hecho de poder establecer una nómina, una lista de escuelas, docentes y alumnos, con un determinado puesto en esa lista, dependiendo de los resultados obtenidos en evaluaciones, no guarda otro objetivo que achacarle a la escuela, los problemas de la política. Entonces, aquí el gobierno se “desresponsabiliza”, pretendiendo que aquél que es damnificado por las decisiones que no puede tomar y en las que no puede intervenir, sea el que busque la solución a un problema que no ha creado.

    No podemos pretender que la política educativa encuentre solución a los problemas que hemos detectado, que sabemos que existen, pero que también sabemos que trascienden al ámbito de lo educativo. No podemos negar que las situaciones de desigualdad, son los principales condicionantes de la educación. No podemos negar que somos los mismos maestros y profesores los que educamos en la escuela A, como en la escuela B y que la escuela A (por poner un ejemplo), tenga mejores resultados que la escuela B y allí, allí comienzan las preguntas. Un mismo docente, un mismo plan de estudios, una misma materia, un mismo ciclo escolar, un mismo año y se obtienen resultados diferentes. Allí es cuando se empiezan a indagar otros factores que afectan a la educación, allí es cuando se empiezan a indagar de qué manera estos factores producen esas diferencias, y es allí cuando encontramos que las diferencias, los diferentes resultados, se dan por factores que no puede controlar la escuela, pero sí puede y debe controlar la política. Sobrados estudios sobre el tema dan cuenta que, la afectación a los educandos, de los factores socioeconómicos, importan en un 70% sobre la educación que reciben, es decir, la educación depende en un 70% de los factores socioeconómicos mientras que sólo un 30% depende de la misma educación -de los contenidos, para ser más precisos-. Entonces, si la educación está condicionada por factores socioeconómicos, entendemos por qué sucede lo que en el ejemplo planteado anteriormente. Ahora, volviendo al tema principal, ¿Pueden solucionarse los problemas de la educación en nuestro país, si no se atienden los problemas socioeconómicos?, ¿Pueden solucionarse los problemas de la educación de nuestro país, por el hecho de publicar un listado de posiciones de escuelas?.

  Creemos –y estamos convencidos- desde S.A.Do.P., que la educación es una materia compleja, que no puede tratarse de manera aislada a el resto de los factores que la atraviesan. No se pueden solucionar los problemas endógenos –de la propia educación- sin incluir, dentro del problema, los problemas exógenos.

   La educación, las escuelas, los maestros y los alumnos, lejos de convertirse en un “mercado” en el que se puedan “comprar” a los “mejores”, es, por definición –y su exégesis así lo exige- quien brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas, anteponiendo los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.